Tuesday, October 19, 2021


Los negocios de los venezolanos Horacio, Levin y Carmelo De Grazia no dejan de encender las alarmas financieras internacionales

El personal de cumplimiento del JP Morgan Chase Bank dedicó meses a vigilar cientos de operaciones por más de 200…

By admin , in Internacionales , at September 24, 2021

El personal de cumplimiento del JP Morgan Chase Bank dedicó meses a vigilar cientos de operaciones por más de 200 millones de dólares, que calificaba como ‘no transparentes’ y atribuía al mercado negro de divisas, y que se cruzaban en una pequeña entidad de Barbados, Continental Bank. Esta era propiedad de venezolanos que en su país manejan el Banco Caroní, y las transferencias más jugosas las había enviado una casa de valores panameña en la que los hermanos De Grazia figuraban como accionistas principales.

Es bien sabido que el fenómeno por el cual las aguas de los ríos Orinoco y Caroní se intersectan pero sin mezclarse a lo largo de varios kilómetros, es observable aún desde gran altura. El cruce ocurre frente a Ciudad Guayana, capital industrial del estado Bolívar, en el sur de Venezuela, y define, por efecto de las diferencias de temperatura, densidad y velocidad de ambos caudales, una autopista acuática bicolor con rumbo al océano Atlántico,  reveló Ewald Scharfenberg en Armando.info.

Pero desde Nueva York también creyeron ver que otra mezcla difícil, la de dos grupos empresario-familiares, se originaba en Ciudad Guayana.

Fue en septiembre de 2014. Entonces, el JP Morgan Chase Bank, en Brooklyn, emitió un reporte para FinCEN (acrónimo en inglés de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos) en el que daba cuenta de transacciones presuntamente irregulares que llevaban a cabo empresas y personas ligadas al grupo financiero del venezolano Banco Caroní -con las familias Maza y Kabchi a la cabeza- y en las que había participado una compañía bursátil panameña en la que otra familia oriunda de Guayana, los De Grazia, tenía intereses.

El documento forma parte de los 2.100 Reportes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) obtenidos por BuzzFeed News y organizados como una base de datos consultable por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, con sede en Washington DC), que dieron lugar a la serie de los FinCEN Files, en la que participaron 107 medios de todo el mundo, entre ellos, Armando.info, que la publica desde el año pasado.

En el reporte, los oficiales de cumplimiento del JP Morgan Chase informaban sobre 533 transacciones financieras irregulares que habían monitoreado entre enero y agosto de 2014, por un total de poco más de 205 millones de dólares. De esas transacciones, 414 habían tenido como origen un pequeño banco de la isla caribeña de Barbados, el Continental Bank Corp, propiedad de los directivos venezolanos del Banco Caroní, y otras 119 habían sido destinadas al mismo banco.

Así, los 205 de millones de dólares que corrieron durante el periodo enero-agosto de 2014 por el JP Morgan Chase, atribuibles a transferencias de o hacia el Continental Bank de Barbados, habrían correspondido a operaciones de ese tipo. Aunque las transacciones sujetas a escrutinio sumaban más de 500, solo 19 de ellas concentraban 30% -unos 62 millones de dólares- del monto total. Y de ese dinero, 56 millones de dólares correspondían a apenas dos transferencias hechas por una compañía en Panamá, Intersecurities International Inc, dos de cuyos accionistas y directores principales, Carmelo De Grazia Suárez y Daniel De Grazia Suárez, son parte de la familia que en Venezuela controla Bancamiga.

Un SAR de 2014 subrayaba que las dos mayores operaciones registradas durante la vigilancia, por un total de más de 56 millones de dólares, provinieron de una empresa que no pertenece al grupo Caroní, Intersecurities International Inc.

Intersecurities International Inc era una casa de valores incorporada en Panamá en 2008 y disuelta por voluntad de sus accionistas en 2018. Aunque tuvo por representante a un contador venezolano, Roland Asael González, en el directorio de la extinta compañía, conformado casi exclusivamente por venezolanos, resaltan los nombres de Carmelo De Grazia y Daniel De Grazia.

Carmelo De Grazia es presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, un banco que muestra las mayores tasas de crecimiento del sector en los últimos cuatro años, desde que en 2017 obtuvo la categoría de banco universal. Fundado en 2007, recientemente se jactaba en boletines de prensa de que alcanzó la novena posición del ranking bancario según sus activos, y la cuarta de acuerdo a sus captaciones en moneda extranjera.

De Grazia es un abogado de muy exitosa práctica, primero, en Guayana, de donde procede el negocio familiar: la restauración. El restaurante La Fontana, en Upata, al suroeste de Ciudad Guayana, fue la piedra fundacional que puso el patriarca, Palmerino De Grazia, quien todavía hoy aparece en los reclamos publicitarios del grupo alimentario, con frecuencia insertos en las pautas de transmisiones de fútbol.

Fue precisamente la expansión acelerada de las cadenas de restaurantes de la familia en el estado de Florida -con las marcas Bocas, Francisca, Kitchen of the World, Laborejo y La Fontana- lo que despertó una oleada de rumores sobre la supuesta relación de los De Grazia con el Estado chavista y de sus locales de restauración como una presunta lavadora de dinero. Carmelo De Grazia y uno de sus hermanos, Levin, quien encabeza ese sector del negocio familiar desde el Bocas Food Group LLC, introdujeron en 2019 una demanda en un tribunal del condado de Miami-Dade contra Gerardo Gils Dams, a quien señaló como operador del blog UltimaHora24, y la periodista Angie Pérez -seudónimo de Angélica Bianco-, quienes habían propalado acusaciones de ese tipo. La demanda también alcanzó a César González, un ex socio y gerente del primer establecimiento del restaurante Bocas en la ciudad de Coral Gables, a quien atribuye la instigación de la campaña de desprestigio. La última diligencia archivada en línea por la juez que lleva el caso, Gina Beovides, con fecha de enero de este año, desecha una petición de los acusados para descartar la causa por la presunta inacción de los demandantes y ordena, en cambio, mantener abierto el proceso.

En cualquier caso, mucho antes de esta demanda judicial y de que los De Grazia siquiera inauguraran su primer local de comida en Miami, el JP Morgan Chase Bank hacía notar en su SAR de 2014 para el Departamento del Tesoro que “Intersecurities International Inc solo pudo ser identificada como una compañía localizada en Panamá”, pero con un detalle llamativo: la dirección bancaria disponible de la empresa correspondía a la sucursal en la isla de Madeira del, a la postre, intervenido Banco Espirito Santo (BES).

El director de la oficina de Madeira, Joao Alexandre Silva, había sido encargado en 2009 por Ricardo Salgado, presidente del BES, como responsable de los negocios del banco con la Venezuela chavista, lo que incluyó el pago de sobornos a funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para que estos depositaran fondos públicos, por más de 3.000 millones de dólares, en las arcas del alicaído banco. Tras el colapso e intervención del BES en agosto de 2014, Silva pasó a ser investigado y, finalmente, imputado en 2020 en una de las dos causas penales que la fiscalía portuguesa lleva adelante por el escándalo.

En dos folios del expediente se recogen declaraciones depuestas en 2016 ante el ministerio público, en las que Joao Alexandre Da Silva relata que en la primavera de 2014 organizó una reunión en Venezuela “con Intersecurities, una firma de corretaje, en la que había hecho una presentación del Rio Forte Group”, subsidiaria esta del Espirito Santo que emitía obligaciones para fondear a su atribulado holding, y que Intersecurities había tomado en mayo una emisión por 25 millones de dólares -apenas tres meses antes del derrumbe del Espirito Santo- que “como consecuencia de la insolvencia de Rio Forte, no fue reembolsada, generando una pérdida por el mismo monto a la compañía [Interesecurities]”.

Hermanos venezolanos De Grazia son investigados en Estados Unidos

El empresario venezolano Levin de Grazia perdió su Green Card debido a presunto fraude migratorio, lavado de dinero y relaciones con el chavismo, según fuentes confiables.

Tras haberse conocido lo ocurrido con De Grazia, Mauro Mantovani y Uber Mantovani han roto sociedad comercial con Levin.

Mauro y Uber le pidieron a Levin entregarse y confesar los ilícitos presuntamente cometidos por su hermano Carmelo de Grazia, para así obtener un acuerdo con las autoridades norteamericanas reveló a abcnoticias.net una fuente confidencial que exigió no ser identificada.

Sin embargo, Levin de Grazia en lugar de aceptar acuerdo con autoridades prefirió huir a Venezuela, en donde abrirá tres nuevos restaurantes, utilizando a Richard Linares como imagen.

Asimismo, se conoció que Levin de Grazia ha procurado la colocación de capital, supuestamente dudoso, en España, Aruba y Panamá.

En cambio los Mantovani tomaron otra decisión. Un abogado relacionado con el caso confirmó a abcnoticias.net que se entregaron a las autoridades y revelaron el modus operandi presuntamente utilizado por Carmelo de Grazia y Levin de Grazia, incluyendo un fraude perpetrado contra Small Business Administration por más de 2 millones de dólares, por el que señalan a Carmelo de Grazia.

Por otro lado, Jesús Pita, socio de Levin de Grazia identificado como operador de Francisca Charcoal Chicken & Meats, optó por llegar a un acuerdo con las autoridades a cambio de información privilegiada.

Mientras tanto, el Ocean Bank ha mantenido al margen a Pita por haber participado junto a «Los De Grazia» en actividades dudosas

Un fiscal federal a cargo, según abcnoticias.net, podría emitir señalamientos y cargos sobre Levin y Carmelo de Grazia tras indagación y colaboración de las partes implicadas.

Empresario venezolano Levin De Grazia pierde su green card en Estados Unidos

El empresario venezolano Levin De Grazia, propietario de los restaurantes Francisca y Bocas House en Miami y otras ciudades estadounidenses, fue retenido por autoridades migratorias de los Estados Unidos, las cuales, según se ha revelado en las redes y en medios en línea, procedieron a cortarle con una tijera su green card.

De Grazia es investigado debido a un posible fraude migratorio, blanqueo de fondos de su hermano Carmelo De Grazia y estafa, reveló Karem Galvez en Expresa.

El empresario Carmelo De Grazia es acusado de haberse «fugado» con más de $2 millones que pidió de forma fraudulenta a empresas vinculadas a él, ocasionando la ruptura de su sociedad con los ciudadanos Mauro y Uber Mantovani, su cuñado y sobrino, respectivamente.

A inicios de 2021, medios como el South Florida Business Journal, reportaron que Bocas Group, holding propiedad de los hermanos De Grazia, planificaban la apertura de 12 nuevos restaurantes Francisca Charcoal Chicken & Meats en Florida.

Personas familiarizadas con el asunto señalan que dada su situación, a Levin De Grazia le pidieron entregarse en los Estados Unidos y testificar contra Carmelo De Grazia, pero decidió trasladarse a Caracas para abrir tres restaurantes que son publicitados por el influencer venezolano Richard Linares. Los hermanos De Grazia planean supuestamente abrir otros restaurantes en Aruba y Panamá.Levin De Grazia permanecería por el momento en Aruba.

Mauro y Uber Mantovani colaborarían actualmente con autoridades federales estadounidenses, testificando acerca de la riqueza de Levin y Carmelo De Grazia. Levin es acusado de haber salido de los Estados Unidos dejando una deuda con la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (Small Business Administration o SBA por sus siglas en inglés).

Una persona familiarizada con la situación ha dicho que Jesús Pita, socio de Levin De Grazia y operador de los restaurantes Francisca está en conversación con abogados y con autoridades de los Estados Unidos para separarse de su sociedad con los De Grazia y no ser salpicado con los escándalos de presunto blanqueo en los que estos están implicados. Pita es propietario de dos comercios denominados Baracco y El Brasero en el área de El Marqués, en Caracas.

La misma persona ha dicho que el Ocean Bank decidió colocar en pausa su relación crediticia con Jesús Pita, por su vinculación de negocios con los De Grazia y por las investigaciones que un fiscal federal adelantaría en los Estados Unidos sobre manejos de dinero de los hermanos.

Una información de la web Noticiero Venevisión en noviembre de 2018, haciendo mención al banquero venezolano de origen alemán Matthias Krull, señaló: «Se detectó, además, que aparecen nuevos nombres conectados con este banquero alemán, como los son los venezolanos Alfredo Portales, Carmelo y Horacio De Grazia, quienes son empresarios de bajo perfil».

Referencias recientes indican que los propietarios de la red de restaurantes son sobrinos de Américo De Grazia, un exdiputado del antichavismo en Venezuela, quien fue alcalde de Upata, una ciudad ubicada en el interior de la provincia de Bolívar, al sur del país petrolero. Según personas con conocimiento de la situación, De Grazia tuvo un desempeño opaco como alcalde y se le ha relacionado con temidos sindicatos y grupos de mineros ilegales que operan en el Arco Minero del Orinoco, la mayor zona minera de Venezuela, en la que hacen presencia sanguinarias mafias dedicadas a la extracción de oro y otros minerales de gran valor. Una persona consultada ha dicho que pese a rumores, todavía no ha logrado probarse que el exdiputado tenga negocios ilegales con miembros del gobierno, pero que si los tuviera, deberían investigarse y ver si éstos tienen relación con los de sus sobrinos, dueños de los restaurantes Bocas Grill en los Estados Unidos, pues por ejemplo en el chavismo ya se han visto casos de figuras que tienen familiares con negocios fuera de las fronteras del país caribeño, que han sido ampliamente denunciados.

Américo De Grazia ha estado en los últimos años en el centro de la controversia, tanto por sus denuncias acerca de masacres de mineros en la provincia de Bolívar, como por las acusaciones en su contra. Unas de estas fueron las realizadas por la periodista venezolana exiliada en los Estados Unidos, Patricia Poleo, quien en 2016 denunció que varios diputados del antichavismo habían firmado un acuerdo de «guiso de corrupción» en el caso de unas plantas eléctricas adquiridas por el estado venezolano con sobreprecio, en un negocio que benefició a un grupo de jóvenes empresarios comúnmente denominados «bolichicos».

Poleo aseguró que los parlamentarios Américo De Grazia, Elías Matta, Ismael García, Jorge Millán, José Gregorio Noriega, Luis Carlos Padilla, Stalin González y Tobías Bolívar eran parte de una posible estafa. A esto De Grazia respondió: “Soy y seré denunciante de los ‘Bolichicos’ y sus desfalcos a la nación. Mal pudiera yo exonerarlos de responsabilidad”, sostuvo De Grazia asegurando no ser “extorsionable».

El mismo 2016 la periodista Patricia Poleo se manifestó extrañada acerca de por qué el diputado De Grazia se oponía a que una empresa de comprobada seriedad obtuviera una concesión minera en Venezuela.

En un hecho aislado, el 20 de mayo de 2016, el diputado Américo De Grazia denunció la confiscación de los equipos de la emisora Especial 95.5 FM, propiedad de su familia en Upata, en un operativo con despliegue militar por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), una entidad que rige las telecomunicaciones en Venezuela, en poder del gobierno de Nicolás Maduro.

El 8 de mayo de 2019 fue levantada la inmunidad a Américo De Grazia como diputado, por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, a solicitud del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de la fiscalía venezolana, al ser acusado de traición a la patria, concierto para delinquir y otros presuntos delitos, por haber participado en el intento de levantamiento militar contra Nicolás Maduro y en apoyo a Juan Guaidó, sucedido en Venezuela el 30 de abril de 2019.

Luego de permanecer exiliado en Italia desde 2019 y tras rumores de una negociación política con el chavismo, Américo De Grazia regresó a Venezuela donde hoy es aspirante por la oposición a la gobernación de la provincia de Bolívar.

“Enchufado”

Como «enchufado» o bien conectado políticamente con el chavismo en Venezuela es percibido por algunos venezolanos el empresario Carmelo De Grazia, accionista y miembro de la junta directiva del banco Bancamiga en el país suramericano.

Según un reporte de Karem Galvez para expresa.se, una de las razones parte de la conformación de una alianza entre el banco y el Instituto Nacional de Hipódromos (INH), entidad dependiente del Gobierno chavista, que permitiría el uso de puntos de venta o terminales bancarios de Bancamiga para la realización de apuestas hípicas.

El banco ha informado que: «una alianza de Bancamiga con el Instituto Nacional de Hipódromos permitirá el sellado de cuadros del 5 y 6 a través de los puntos de venta. Una de las ventajas es que dejará a los comerciantes con POS Bancamiga un 5% del valor total del formulario sellado«.

Una persona familiarizada con el asunto ha dicho que negocios de esa naturaleza con instituciones dependientes del Estado venezolano solo son posibles gracias a contactos de alto nivel con personalidades del Gobierno chavista, algo que ubicaría a accionistas del banco, como De Grazia, en la lista de los empresarios a los que algunos venezolanos suelen denominar «enchufados».

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