Javier Alvarado es un ingeniero eléctrico egresado de la Universidad Simón Bolívar, con especialización en Gerencia de la Energía. Comenzó a trabajar en Lagoven en 1979, en el área de La Salina, estado Zulia. Fue viceministro de electricidad y presidente de la Electricidad de Caracas. En el año 2007 fue miembro de la Junta Directiva del Sistema Eléctrico de Nueva Esparta (Seneca).
Antes de la llegada del chavismo al gobierno venezolano, Javier Alvarado Ochoa era un gerente de línea media, que vivía en La Lagunita Country Club. Pero con la denominada “revolución” del entonces presidente, Hugo Chávez, y la protección del hasta octubre de 2014 máxima autoridad de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), Rafael Ramírez, se convirtió en un hombre que ganó poder al mismo ritmo en que crecieron los señalamientos de presunta corrupción en su contra.
Según sectores internos de Pdvsa, a Alvarado Ochoa se le identificaba como protegido del otrora presidente de la estatal petrolera, Héctor Ciavaldini. En el 2000 se desempeñó como gerente de planificación corporativa en Bitúmenes del Orinoco.
Tras el paro petrolero, pese a la insistencia de los amigos, compañeros y la presión de los vecinos decidió quedarse en la empresa. Según contó a uno de sus vecinos, su propósito consistía en observar desde adentro lo que hacía el gobierno, revela Poderopedia.
Pero muy pronto dejó de ser solo un observador para convertirse en un actor de primera línea. Después del paro fue gerente de recursos humanos de Pdvsa, siendo una de sus responsabilidades emitir las cartas de despido de los 20 mil trabajadores de la estatal. Luego fue asignado como gerente general de Pdvsa Occidente.
El 3 de abril de 2018 se conoció que la Fiscalía española citó a Alvarado por presuntamente existir sobornos del grupo empresarial español Duro Felguera a cambio de contratos durante su gestión al frente de la Electricidad de Caracas en 2009.
El 13 de septiembre de 2018 su nombre figuró entre los 28 procesados por un juzgado en Andorra, por presunto blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencia a una red que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas que fueron agraciadas después con millonarias adjudicaciones de la petrolera, según un reportaje del diario español El País.
Mediante una treintena de sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales como Suiza o Belice, se movió el caudal de fondos que fue a parar a Andorra. Según la investigación, Alvarado manejó a través del banco andorrano 46 millones de euros. tiempo después Ramírez lo nombra director de Intevep y casi inmediatamente presidente del instituto dedicado a las investigaciones en el sector petrolero. Es desde esas oficinas que sale en mayo de 2007 para encargarse de la presidencia de la Electricidad de Caracas luego de que Pdvsa adquiere 93% de las acciones.
Como presidente de la Electricidad de Caracas le correspondió el proceso de transición de una empresa privada a una estatal y a su vez la incorporación a Corpoelec, órgano creado en ese mismo 2007, para agrupar a las empresas eléctricas bajo una misma gerencia.
Bajo su gerencia, en 2008 la EDC ya presentaba pérdidas por el orden los Bs 300 millones, debido al incremento de más de 100% de las cuentas por cobrar.
El periodista Juan Carlos Zapata, en agosto de 2011, resume la trayectoria de Alvarado en el sector eléctrico de la siguiente forma: “No fuera nada si antes no hubiese sembrado dudas en su trayecto: la emisión de Elecar con la que Gonzalo Tirado debutó a lo grande en la bolioperación; los presuntos sobreprecios en los megacontratos con multinacionales españolas para las grandes obras eléctricas que llevan a cabo; y ahora esto, las compras con los bolichicos, amparados, siempre en la excusa, de la emergencia. Para todo hay una emergencia”.
Se refirió Zapata en primer lugar a la colocación de bonos EDC en 2008, una transacción nada clara, que generó la salida del vicepresidente de Finanzas de la empresa, un ex Pdvsa, Antonio Simancas. Luego a la contratación de Durofelguera para la construcción de El Sitio a $2 millones cada megavatio, lo que lo ubica más de un millón de dólar por encima del promedio mundial. Finalmente a los negocios de Derwick, cuyos directivos estudiaron y fueron amigos de infancia del hijo del entonces presidente de la EDC, Javier Andrés Alvarado Pardi.
En medio de la emergencia eléctrica, Alvarado llegó a ser viceministro de Desarrollo Eléctrico designado en febrero de 2010. Ese mismo año ocupó el ministerio encargado por Alí Rodríguez Araque, quien se sometía a tratamiento médico. Pero en octubre fue destituido.
Tiempo después regresó a Pdvsa como presidente de Bariven y luego volvió a Intevep. Enfrenta al menos tres denuncias en su contra cursan en la Fiscalía y una más en Contraloría. Su hijo y él figuran en las demandas de Otto Reich por haber recibido sobornos.
Su nombre aparece mencionado en la demanda que el ex embajador de EEUU en Venezuela, Otto Reich, introdujo en Nueva York en 2013 en contra de los directivos de la empresa eléctrica Derwick, Leopoldo Betancourt López y Pedro Trebbau.
De acuerdo a información obtenida por Poderopedia, desde 2014 se radicó en Madrid donde registró dos empresas.
El periódico español El Mundo publicó una información que vincula a Javier Alvarado con depósitos en el Banco Privado de Andorra provenientes del pago de sobornos.
“Fuentes policiales aseguran a El Mundo que en el informe en poder de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales figuran al menos tres ex viceministros venezolanos, el ex jefe de Inteligencia, un ex ejecutivo de la petrolera estatal Pdvsa y un empresario considerado próximo a Chávez, que han podido manejar fondos en España procedentes presuntamente de sobornos millonarios a cambio de adjudicaciones del régimen venezolano… Todos estos jerarcas venezolanos aparecen en la relación de clientes descubiertos en la filial española de la Banca Privat d’Andorra (BPA), sin que la entidad tomara las medidas necesarias para evitar que blanquearan dinero, incumpliendo de forma muy grave la normativa española. La actuación de Banco Madrid con éstos y otros clientes, como el mafioso ruso Andrei Petrov, ha sido remitida a la Fiscalía”.
Junto a Alvarado aparece el ex viceministro de Electricidad, Nervis Villalobos; el ex viceministro de Seguridad, Alcides Rondón; el empresario del sector seguro, Omar Farías; y el ex directivo de Pdvsa, Francisco Jiménez Villarroel.
El 9 de mayo de 2019, Alvarado Ochoa, fue detenido por autoridades españolas acusado de corrupción. El arresto fue realizado por Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional (Udef).
Acusación en Estados Unidos
Gracias a la información lograda por conspiradores que llegaron a un acuerdo de colaboración con el Departamento de justicia de Estados Unidos, el gobierno norteamericano logró ampliar los elementos y acusaciones entorno al enorme esquema de corrupción y lavado de dinero que se desarrolló entre 2011 y 2014, y que permitió la expoliación de millones de dólares del estado venezolano y que fueron a parar en cuentas bancarias y propiedades en varios países del mundo.
En una acusación aprobada por el Gran Jurado, el gobierno estadounidense demanda al ex presidente de Bariven, Javier Alvarado Ochoa y dos gestores patrimoniales europeos de haber lavado dinero proveniente de las arcas de Petróleos de Venezuela. Estas nuevas acciones están relacionadas con la investigación federal sobre un esquema de corrupción que incluyó el pago de más mil millones de dólares en coimas, que ha llevado a la cárcel a más de 20 personas, entre los cuales hay exfuncionarios y contratistas de PDVSA, incluyendo a los procesados Roberto Rincón y Abraham Shiera, reveló la periodista Maibort Petit en El Tiempo Latino.
En la demanda, Javier Alvarado Ochoa, un venezolano y ex presidente de la unidad de compras de PDVSA. Bariven, y los administradores de activos, Daisy Teresa Rafoi Bleuler, (ciudadana suiza), y Paulo Jorge da Costa Casqueiro Murta, (ciudadano de Suiza y Portugal) fueron acusados de conspiración para cometer lavado de dinero.
La acusación es la continuación de las averiguaciones que realiza el Departamento de Justicia contra la corrupción que ha azotado a Venezuela mientras atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia. La fiscalía del Distrito Sur de Texas sostiene que los acusados son profesionales del lavado de dinero que trabajaron por años para blanquear dinero robado a través de sobornos y fraude a PDVSA, que es la principal fuente de ingresos del estado venezolano.
Los fiscales sostienen que Javier Alvarado Ochoa recibió sobornos de los contratistas venezolanos Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas. Ambos acordaron con los acusados pagar coimas para lograr nuevos contratos con PDVSA, así como el pago de facturas pendientes por trabajos anteriores, ofreciendo una comisión del 10 por ciento de lo cobrado a los funcionarios del gobierno que intervinieron en la fraudulenta operación.
Las ganancias del plan fueron lavadas a través de cuentas bancarias en Suiza, Curazao y Dubai, según la acusación. Algunos de los sobornos fueron para pagar estadías en hoteles de lujo en Aruba, comida gourmet como langosta y vinos comprados en tiendas venezolanas, dijeron los fiscales.
Roberto Rincón y Abraham Shiera se declararon culpables de sus cargos en la conspiración en abril de 2018 y han estado cooperando con los fiscales mientras esperaban la sentencia, que luego de ser pospuesta en varias oportunidades quedó fijada para enero de 2020.
Los operadores financieros Rafoi y Murta fueron acusados de lavar el dinero a través de numerosas transacciones financieras que involucran a empresas, familiares, amigos, acreedores y asociados personales.
En las alegaciones generales, los fiscales señalan que Nervis Villalobos Cárdenas, Alejandro Isturiz Chiesa, Rafael Reiter Muñoz, Javier Alvarado Ochoa, Daisy Rafoi-Bleuler y Paulo Casqueiro Murta son acusados de haber violado la ley de Prácticas Corruptas en el extranjero al hacer pagos de sobornos a oficiales de Petróleos de Venezuela, a través de Bariven en su sede en Houston, Texas en varias oportunidades
Al inicio de 2011 y hasta al menos 2013, Nervis Villalobos, Alejandro Isturiz, Rafael Reiter, Javier Alvarado, Luis Carlos De Léon Pérez y César David Rincón Godoy solicitaron a los contratistas de PDVSA el pago de sobornos y comisiones a cambio de proveerles asistencia en la obtención de contratos. Adicionalmente, les brindaron «los servicios» de gestoría para lograr que el gigante petrolero les pagara las facturas que adeudadas de manera expedita durante la crisis de liquidez que experimentó PDVSA en ese período en el que se desarrolló la conspiración.
Los ex-funcionarios mencionados anteriormente, con la asistencia de Daisy Teresa Rafoi Bleuler y Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta, elaboraron un esquema para lavar el dinero de los sobornos a través de una serie de transacciones financieras a bancos que operaban en Suiza, Curazao, Dubai y en otros lugares a nombre de varias nombres de compañías.
Los acusados acordaron la naturaleza del esquema a través de varias y complejas transacciones financieras dirigidas a lavar los pagos de los sobornos que eran enviadas a nombre de varias compañías, incluyendo empresas de intermediarios, familiares, amigos, creditors, personal asociado a los exfuncionarios de acusados.
Lavado de dinero en España
Según Andorra y Estados Unidos, Javier Alvarado habría recibido millones de euros en sobornos y pagos de la empresa estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) que ha sido “desfalcada” según denuncian opositores al régimen. Álvaro Ochoa nació en Caracas en 1955, donde vivió buena parte de su vida. Se graduó como ingeniero electricista en la Universidad Simón Bolívar en el año 1979.
Según cuenta en sus perfiles profesionales, desde ese año ya trabajaba en el sector energético, por lo que cinco años después realizó una especialización en gerencia empresas energéticas y coordinó varios proyectos en la región capital.
Después de casi 30 años en el sector, el gobierno venezolano lo nombró al frente del servicio eléctrico del Estado de Nueva Esparta. Durante el tiempo que se mantuvo en el cargo, el presidente Hugo Chávez fusionó todas las empresas eléctricas del país en una sola corporación, Corpoelec.
Alvarado llegó a presidir este conglomerado societario dependiente del Ministerio de Energía, hasta que el propio Hugo Chávez le nombró Viceministro de Desarrollo Energético; Javier, aunque no fue una prominente figura del chavismo, mantuvo una estrecha relación con el fallecido presidente, ya que su nombramiento coincidió con las primeras crisis eléctricas del país, reveló Kike Souto en El Cierre Digital.
Los fallos eléctricos en todo el país se deben según los sindicatos al abandono y falta de inversión, no obstante, la versión oficial ha variado. Comenzando por la responsabilidad del fenómeno climático El Niño, seguido de problemas con animales como iguanas que se colaboran a los generadores y finalmente se mantuvo la tesis del “sabotaje”.
Entre las medidas que tomó el régimen para evitar las crisis del sector, proyectó la construcción de siete plantas eléctrica.s Uno de los centros proyectados fue asignado a la española Duro Felguera, en un contrato de 2.000 millones de dólares. La planta no culminada fue el origen de la investigación contra la empresa asturiana por blanqueo de capitales.
Del sector eléctrico saltó a la presidencia de una de las filiales de PDVSA en Venezuela, Bariven, donde según la orden de extradición dictada por Estados Unidos, habría cometido una veintena de delitos de corrupción.
Además, por estos escándalos se abrieron diligencias en España, que pasaron a la Audiencia Nacional a comienzos de octubre de 2019. En el auto se explica que: «La organización se estructura a partir de un reparto de papeles entre sus miembros, en atención a la condición de funcionarios que algunos de los investigados (particularmente Alvarado Ochoa, actualmente con nacionalidad española, y el jefe de seguridad de la petrolera, Rafael Reiter) tenían y desempeñaban en la compañía Bariven (filial de PDVSA) y la propia PDVSA, que les confería la competencia de emitir decisiones en favor de los demás querellados», expone la juez.
Otra parte de los investigados son los empresarios que se veían beneficiados de la«actuación prevaricadora de los funcionarios, malversando en patrimonio de los venezolanos»sin embargo, conforme detalla el auto, falta por determinar y es objeto de la investigación, qué personas físicas y jurídicas integran cada «estrato» de la organización.
Sobornos en España
Fruto de la investigación, la Fiscalía Anticorrupción comenzó a estudiar el presunto pago de sobornos a cambio de contratos en Venezuela a la empresa española, Duro Felguera. La investigación, concluida por la Fiscalía Anticorrupción el pasado 19 de septiembre, incluyó también a los venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa, antiguos miembros del Gobierno de Hugo Chávez, así como a la propia empresa Duro Felguera y a dos sociedades vinculadas a los venezolanos. Todos fueron imputados por los mismos delitos. Duro Felguera inmediatamente negó los cargos en una carta enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La Fiscalía estudia los datos obtenidos durante el registro por parte de la Policía de la empresa de ingeniería, que respondió con el despido de José Carlos Cuevas, director financiero de la empresa, que fue acusado de enviar, presuntamente, un pendrive a la Fiscalía con información relativa a la empresa en Venezuela.
La investigación, que se inició a partir de un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) tras detectar pagos en una cuenta del extinto Banco Madrid, sostiene que el grupo español llegó a pagar a Nervis Villalobos, Viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela entre 2001 y 2006, un total de 105,6 millones de dólares entre 2008 y 2013, unos 88 millones de euros al cambio actual.
Además, la investigación llegó a la Fiscalía venezolana que abrió expediente después de la acusación en el tribunal de Texas. En noviembre de 2018, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano solicitó a España la extradición de Javier Alvarado y Nervis Villalobos.
No obstante, la investigación continúa dirigida por la Audiencia Nacional y los tribunales de Estados Unidos, Andorra y Portugal, sin que se visualice en el horizonte una extradición a Venezuela del exministro.
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