Tuesday, May 24, 2022


Los escándalos financieros internacionales del banquero Víctor Vargas Irausquín, presidente del Grupo BOD

Como si fuera parte de una historia de nunca acabar, el pasado 2 de febrero, la Superintendencia de Bancos (SB)…

By admin , in Internacionales , at February 11, 2022

Como si fuera parte de una historia de nunca acabar, el pasado 2 de febrero, la Superintendencia de Bancos (SB) de República Dominicana anunció que tomó el control de Bancamérica para iniciar su disolución, esto quiere decir que una vez más, un banco del empresario venezolano Víctor Vargas es intervenido. Y es que quien fuera conocido como “el empresario consentido del chavismo”, acumula al menos 4 escándalos financieros en su historia.

Víctor José Vargas Irausquín tiene 69 años de edad, es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello y propietario del holding de empresas Cartera de Inversiones de Venezuela -Banco Occidental de Descuento (BOD)-, el cual se convirtió en el quinto banco del país, según el ranking de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), reveló Anaísa Rodríguez en El Cooperante.

El Grupo Financiero BOD está conformado por B.O.D. Banco Universal (Venezuela), Allbank (Panamá), BOI Bank (Antigua y Barbuda), BONV (Isla Curazao) y Bancamérica (República Dominicana). El hilo de parches financieros que han marcado los últimos años de Vargas se pueden sintetizar de la siguiente forma:

1. Ataque cibernético contra el sistema bancario nacional (2016)

Fue el 11 de diciembre de 2016, cando funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvieron durante varias horas a Víctor Vargas, específicamente fueron unas dos horas y luego fue liberado. Según reportes de la prensa, los efectivos del cuerpo de inteligencia del chavismo, le interrogaron por su vinculación con el ataque cibernético que sufrió el sistema de pagos electrónicos nacional ese 2 de diciembre.

En ese entonces, Vargas manifestó a través de un comunicado que no fue detenido, sino que a al arribar al aeropuerto de Maiquetía, fue “convocado” por el Sebin a trasladarse a las oficinas, ubicadas en Plaza Venezuela. En dicha sede se entrevistó con quien era entonces el director del Sebin Gustavo González López.

“Tras un cordial encuentro, conversamos sobre la actual situación del sistema financiero, Consorcio Credicard y los eventos sucedidos el pasado 2 de diciembre”, explicó en referencia a los problemas de funcionamiento del sistema de pago con tarjetas que se registraron ese día.

Según la versión del banquero, al terminar la reunión, pudo irse a su residencia, se reunió con su familia y continuar con su agenda.

2. Intervención del BOD, Banco del Orinoco ND  (2019)

La historia de intervención y regulaciones al banco BOD inició el 13 de septiembre de 2019, cuando Sudeban informó sobre la aplicación de la intervención administrativa de la entidad como una medida para garantizar la “protección” de miles de sus ahorristas y decisiones similares contra filiales del grupo en Panamá y Curazao.

En ese entonces, Sudeban indicó que la medida sería aplicada por 120 días hábiles bancarios y que era “prorrogable”. La intervención prohíbe al BOD realizar nuevas inversiones, decretar pago de dividendos, ceder o traspasar inmuebles y abrir nuevas oficinas en el exterior. Además, designó a un grupo de funcionarios que tenían “poder de veto en la junta directiva todos los comités y con acceso pleno a todas las áreas administrativas del banco”.

Tras darse a conocer el proceso de intervención, el presidente del Grupo BOD, Víctor Vargas negó que se tratara de una intervención y aseveró que solo era una medida administrativa.

“El BOD no está intervenido, está operando normalmente (…), el BOD está en pleno funcionamiento, dirigido por su presidente, por su junta directiva y por sus ejecutivos, funcionando normalmente. No tiene medida de intervención de ninguna naturaleza”, aseguró. “La decisión del regulador -Sudeban- es normal y tiene por finalidad supervisar a la institución ante la presunción de irregularidades que no existen”.

Sobre las limitaciones impuestas, Vargas aseveró que estas eran “específicas” y “no tienen mayor incidencia en el funcionamiento del banco. Son medidas que van más por el librito que otra cosa, pero que no afectan absolutamente en nada el funcionamiento normal del banco”.

Han pasado más de dos años y la situación de malos entendidos y plazos vencidos continúa. El 8 de octubre de 2021, Sudeban informó sobre la aprobación de la segunda prórroga de las medidas administrativas sobre el BOD por 120 días más.

En general, la nueva disposición contenida en la Gaceta Oficial N° 41.980, del pasado 6 de octubre, establece las mismas restricciones que se disponían en la medida original: realizar nuevas inversiones, decretar pago de dividendos, captar fondos a plazos, abrir nuevas oficinas en el país o en el exterior, adquirir acciones o participaciones en el capital social de instituciones bancarias constituidas o por constituirse en el exterior.

También el BOD tiene prohibido adquirir, ceder, traspasar o permutar inmuebles, así como la generación de gastos por concepto de remodelaciones a los propios o alquilados y liberar sin autorización de la Superintendencia provisiones específicas y genéricas. Todavía los ahorristas desconocen qué pasó con dicha entidad y cuál fue el impacto en la salud financiera del BOD, por lo que han protestado consecuentemente, sin ser escuchados.

Orden de aprehensión contra Víctor Vargas, emitida por la Fiscalía de Panamá.

3. Orden de aprehensión (2021)

El 19 de agosto de 2021, el Ministerio Público de la República de Panamá a través de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada emitió una orden de aprehensión contra Vargas Irausquín, por “delito contra el orden económico“, en las modalidades de blanqueo de capitales e insolvencia punible. Según el documento que salió a la luz pública en diciembre pasado, la orden tiene que ver con una demanda en su contra del año 2020, por ser accionista principal de la Sociedad Anónima Cayfloor Inc.

La acusación en contra de Vargas refiere a que los afectados -nombres reservados- abrieron dos cuentas en el Banco del Orinoco NV (BONV) de Curazao en 2012. La finalidad de ese trámite era garantizar los montos de los préstamos que le fueron otorgados y que fueron pagados en su totalidad. En septiembre de 2019, tras la intervención de la entidad, las dos cuentas sumaban 7.238.174,79 de dólares en saldo; pero los titulares de las cuentas no han podido acceder a esos recursos porque “directivos, accionistas y empleados ejecutivos de alto nivel del banco lo han impedido con acciones arbitrarias”, reseñó la periodista Mairbort Petit en su web “Venezuela Política, Investigación sobre Crimen Organizado Transnacional”.

Los depósitos en el banco que era propiedad de Vargas solo iban  ser custodiados y a generar intereses. La entidad bancaria «en despliegue doloso— se apoderó indebidamente de los fondos, al negarse a entregarlos a su legítimo propietario bajo ninguna forma o figura bancaria», reseña Petit.

El Banco del Orinoco tampoco ha ofrecido ninguna explicación por el uso ilegal y el apoderamiento arbitrario de los fondos.

“El grupo financiero de Vargas utiliza como mecanismo de banqueo de capitales una multiplicidad de estructuras societarias/empresariales constituidas en diversas jurisdicciones con la intención deliberada de captar fondos legítimos provenientes de clientes bancarios, tanto en el BONV en Curazao, como en el BOI Bank de Antigua y Barbuda, y AllBank Corp. en Panamá, para luego transferirlos y canalizarlos a través de estos, pretendiendo borrar la trazabilidad de los mismos”.

4. Suspensión de Bancamérica (2022)

La Superintendencia de Bancos de República Dominicana emitió un aviso este 2 de febrero para informar a agentes económicos y al público en general que la Junta Monetaria autorizó a la Superintendencia de Bancos iniciar la disolución del Banco Múltiple de Las Américas, S.A. (Bancamérica), por supuesto, propiedad de Víctor Vargas.

Quienes sean acreedores de Bancamérica fueron invitados a “validar sus depósitos y otras acreencias”, mientras que deudores, deberán “mantenerse al día con sus obligaciones y facilidades crediticias realizando sus pagos de forma presencial en las sucursales de la entidad”.

La Revista Mercado de República Dominicana, explicó que por tanto, los activos y pasivos serán verificados para transferirlos a otra entidad de intermediación financiera por medio de un proceso de licitación transparente y competitivo dentro de los próximos 30 días, a partir del aviso.

Durante el lapso que dure la disolución, la Superintendencia ejercerá las funciones y facultades de los accionistas del consejo de administración, los gerentes, administradores y apoderados generales de la entidad, mientras que todas las operaciones de la institución quedan suspendidas.

Las sucursales permanecerán abiertas para que los usuarios puedan realizar cobro de préstamos y tarjetas de crédito o el ofrecimiento de información al público y, a partir del 7 de febrero de 2022, la validación de los depósitos.

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