Las razones por las que la Fiscalía Anticorrupción española acentuó en 2021 la investigación en contra de Rafael Ernesto Reiter Muñoz, exjefe de seguridad de PDVSA

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Desde el año 2021, la Fiscalía Anticorrupción de España avanza en su investigación por el presunto desfalco de la venezolana PDVSA durante el chavismo. El Ministerio Público español puso el foco en el exjefe de seguridad Rafael Reiter y en su mujer Vanessa Carolina Yssea por presunto blanqueo de capitales. Los fiscales al frente de la macrocausa que se sigue en la Audiencia Nacional por las irregularidades cometidas en la petrolera solicitaron formalmente a la magistrada María Tardón que abriera la cuarta pieza separada para indagar a este exalto cargo, estrechamente vinculado a la esfera del fallecido Hugo Chávez.

Los fiscales señalan al jefe de la policía interna de PDVSA por presunto blanqueo en España de fondos ilícitos. Pero fuera de las fronteras españolas también ha estado ligado a otros escándalos de corrupción, como el caso Antonini. El mismo lleva el nombre de un empresario venezolano que en agosto de 2007 trató de introducir en Argentina un maletín con 800.000 dólares. Reiter fue acusado de portar la valija con el dinero proveniente de PDVSA para una presunta financiación irregular de la campaña de la expresidenta argentina, Cristina Fernández Kirchner, reveló Gema Huesca en Vozpópuli.

En 2021 la Fiscalía se centró en los hechos cometidos en España y pidió que se investigara en una cuarta pieza separada del ‘caso PDVSA’. De acuerdo con el escrito presentado en el Juzgado Central de Instrucción número 3, el objetivo era indagar la compra de una mansión en uno de los barrios más lujosos de las afueras de Barcelona y de un vehículo de alta gama propiedad del matrimonio.

Los fiscales sembraron la primera duda sobre el pago de este inmueble, ubicado en una urbanización de lujo de San Cugat del Vallés, al apuntar que se hizo desde una cuenta bancaria en Suiza, país que ha gestionado fondos millonarios de muchos jerarcas del chavismo. En este caso, la operación se formalizó en julio de 2015 por 1,1 millón de euros. Anticorrupción explicó que la documentación aportada en relación al inmueble que adquirieron sin hipoteca es «insuficiente» para justificar el origen «ilícito» de estos fondos.

El matrimonio, que comenzó siendo investigado por estos mismos hechos en el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, vinculó la operativa en Barcelona con la venta de un inmueble, también en 2015 por 4,3 millones de dólares en en el lujoso hotel Four Seasons de Miami. Pero la Fiscalía reprocha que entregaron información «contradictoria e incompleta» y que se había podido constatar cómo la cuenta bancaria en España que canalizó los beneficios de esta compra en Miami también recibía fondos de Italia y Estados Unidos, país este último que le reclama por delitos de corrupción.

«El delito antecedente al blanqueo investigado en España se encuentra descrito en el contenido del procedimiento seguido en Estados Unidos, Distrito Sur de Texas, en el que se investigaba, entre otros, a Roberto Rincón (magnate del petróleo). Existe igualmente una acusación formal contra Rafael Reiter en el marco de una trama que habría desviado miles de millones de dólares de PDVSA», rezó Anticorrupción. En su escrito especificó que las autoridades estadounidenses atribuyen a esta figura del chavismo el control del dinero proveniente de sobornos y que acababa en manos de excargos de la petrolera.

Además, advirtieron de la operativa sobre el Four Seasons. Según destacaron, en 2012 Reiter adquirió la propiedad de Miami que pertenecía a varias personas (condominio) pero lo hizo a través de una sociedad radicada en Florida a cuyo frente estaba un «familiar» del exjerarca chavista. Los investigadores desvelan que ese familiar en cuestión era su mujer, la misma que ocultó en Suiza los millones que obtuvo por esta venta y que se habrían utilizado para pagar la mansión de Barcelona.

Por ello pidieron que se investiguen todos estos hechos en una línea separada de la macrocausa por el desfalco de Petróleos de Venezuela y que se incluya cerca de una decena de oficios e informes de la UDEF que obraban en el sumario del juzgado de Madrid que los comenzó investigando. Además, para reforzar su argumento, recalcaron que el magnate del petróleo implicado en esta operativa de Miami, Roberto Rincón, ya había confesado los hechos en Estados Unidos.

El empresario negó irregularidad alguna durante su detención en Madrid, pero tras su entrega al país norteamericano se declaró culpable de los delitos de blanqueo y sobornos. El tribunal del distrito sur de Texas que investigó este entramado de Petróleos de Venezuela le impuso una multa superior a los 7 millones de dólares por estos hechos que salpican también al propio Reiter y otros exaltos cargos del chavismo. Todos ostentaron bajo el Gobierno de Hugo Chávez altos puestos de control en la entonces considerada como una de las principales petroleras del mundo.

Entre ellos se encuentra también Luis Carlos de León Pérez, exdirector de una filial de la compañía. Precisamente la Fiscalía Anticorrupción solicitó en 2021 que se librara una comisión rogatoria a Estados Unidos para interrogarle en el marco de la investigación abierta por Duro Felguera. Lo hicieron tras localizarle en Texas y ante las sospechas de que se adjudicó 3,8 millones de dólares procedentes de la mordida desviada por la compañía asturiana para adjudicarse un megaproyecto eléctrico en Venezuela de más de 1.500 millones de euros.

El caso tiene paralelismos con la pieza que en 2021 pidieron abrir en España contra Reiter ya que también le investigaron por la compra de una mansión de lujo en La Moraleja (Madrid). Además, De León integra parte del clan chavista de Madrid que confesó los hechos ante las autoridades estadounidenses. En concreto confirmó que se aprovechó de su estatus dentro de PDVSA para pedir mordidas, entre otros, a los venezolanos Roberto Rincón y Abraham José Shiera. Estados Unidos, por su parte, acusó a estos empresarios confesos de haber pagado mil millones de euros a altos cargos de PDVSA entre 2009 y 2011 para adjudicarse contratos de energía.


 

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