“Estas son las mejores marcas de leche en España”. “Descubre cuáles son los protectores solares que debes evitar este verano”. “La mitad de los aceites defraudan”. “La mejor crema hidratante cuesta solo tres euros”.
La OCU, la mayor organización de consumidores de España, gana espacio en los diarios y televisiones del país con dos modalidades igualmente efectivas: noticias que rozan o la publicidad o la alarma social.
Los medios de comunicación difunden de forma entusiasta la información de consumo que genera alta audiencia. “Los mejores y peores coches”. “Los mejores y peores teléfonos”. “Los grandes fraudes”. “La compra maestra”.
La OCU se presenta como una entidad sin ánimo de lucro cuya única finalidad es defender al consumidor. También edita unas revistas donde valora productos y servicios. Recomienda unas marcas y desaconseja otras. Pero detrás de la organización en cada país se encuentra al menos una empresa que pertenece a un complejo entramado financiero dirigido desde Bélgica y Luxemburgo, reveló David Placer en El Confidencial.
Su compañía paraguas, Euroconsumers, agrupa a cuatro organizaciones de consumidores en Europa (OCU en España, Deco Proteste en Portugal, Altroconsumo en Italia y Test Achats en Bélgica) y con cada campaña mediática busca ganar dinero.
En España, mientras la OCU sin ánimo de lucro coordina apariciones en los grandes medios para hablar “del fraude del aceite virgen extra” o de “los mejores vinos”, la OCU bajo la modalidad de empresa, OCU Ediciones SL, aumenta su facturación.
En los últimos cinco años, la OCU ha llegado a un total de 46 acuerdos comerciales con empresas, de los cuales 11 han sido con despachos de abogados para demandar a empresas como Ryanair, Facebook, Iberpistas, Banco Popular, Apple, TikTok y también para presentar causas colectivas como las tarjetas revolving y los intereses negativos no aplicados en las hipotecas.
Las macrocausas contra las empresas han sido repartidas entre seis despachos de abogados: Aequitas, Ribón, Auren, Dable, Legal & Media y Eugenio Moure, a los cuales la OCU cobra comisiones de entre el 10% y el 30% del dinero generado por los despachos en estas causas.
Este delicado equilibrio entre las demandas a empresas y la recomendación de productos se repite en todos los países donde tiene presencia. Y el grupo factura ya más de 200 millones de euros al año.
¿Y qué hace el grupo con ese dinero? El entramado de la OCU contaba con una empresa en Hong Kong, Worldcado Limited, cuyo máximo responsable, Ahmed Nejai, apareció en los papeles de Panamá. El grupo reconoció que enviaba 15 millones de euros al año a su empresa en Hong Kong para la compra de regalos baratos con las que capta a nuevos socios.
La OCU llega a acuerdos económicos con grandes multinacionales después de amenazar con llevarlas a juicio
La OCU ha llevado a juicio (o ha amenazado con hacerlo) a grandes multinacionales con las que posteriormente ha pactado acuerdos económicos. En el caso de Facebook, en 2018, inició una campaña para agrupar a decenas de miles de usuarios en toda Europa afectados por la cesión de sus datos personales a terceras empresas. Prometió 200 euros para cada afectado en caso de ganar el juicio. Pero finalmente firmó un acuerdo secreto con la multinacional para no presentar la demanda. En España, firmó un contrato con el despacho Auren Abogados para gestionar la demanda colectiva. En el contrato, se establecía que cualquier posible negociación con la multinacional debía contar con una compensación a los usuarios. Pero, de repente, la promesa de pagar 200 euros a cada usuario desapareció por completo. No hubo retribución económica a las decenas de miles de demandantes en toda Europa. La organización de consumidores explicó que Facebook haría campañas informativas para difundir los peligros de las estafas por internet. Y, al final, en vez de dinero, los demandantes fueron compensados con revistas de la OCU.
En el caso de Hewlett-Packard (HP), la OCU amenazó con una demanda colectiva por no informar que algunas de sus impresoras no aceptaban cartuchos de otras marcas. Finalmente, no fue a los tribunales y firmó un acuerdo secreto con HP y recibió 1,4 millones de euros para evitar el pleito judicial. En este conflicto, el pago sí incluye una cantidad de compensación a los usuarios que reclamen a la OCU, pero, en caso de que no haya suficientes reclamaciones, la organización y su entramado podrá quedarse con todo el dinero.
La estrategia de cobrar para poner fin a las demandas tiene precedentes. En 2005, se demandó a Caser, junto a otras aseguradoras, y se acusó a la empresa de aplicar cláusulas abusivas en sus contratos. Caser fue condenada, pero 13 años después su relación dio un vuelco. Ahora la OCU hace publicidad de sus seguros y elogia sus ventajas, con un cobro de comisión de 80 euros por cada asegurado que capte para la aseguradora.
Tras el pacto con Facebook y un reciente acuerdo económico con Google, otras asociaciones de consumidores en toda Europa se preguntan cómo una entidad dedicada a perseguir los abusos contra el consumidor ahora cobra de las empresas que debe vigilar.
Las organizaciones de consumidores en Europa están agrupadas en BEUC, una entidad con sede en Bruselas. Algunas entidades creen que los negocios de la OCU y su grupo pueden manchar la reputación de todas y han abierto un duro frente en el seno de la organización.
Según Finn Myrstad, portavoz de Forbruker Radet, la organización de consumidores de Noruega, las organizaciones de consumidores en Europa deben mantenerse independientes. De lo contrario, su credibilidad se pierde. La mayoría de las asociaciones de consumidores de Europa están en contra de estas prácticas. Anette Høyrup, portavoz de Tænk, asociación de consumidores de Dinamarca, cree que una organización de consumo tiene un activo básico: la credibilidad. Si firmas acuerdos económicos con empresas y recibes dinero de ellas, esa credibilidad se pierde.
En una reunión con todas las asociaciones europeas que forman parte de BEUC, celebrada en mayo del año pasado, varias entidades mostraron su preocupación por la deriva de la OCU y sus organizaciones afines. En la minuta de la reunión, quedó plasmado cómo algunas entidades sugirieron incluso expulsar a OCU y Euroconsumers de la organización que las agrupa, por considerar que su forma de hacer negocios mancha el buen nombre del resto.
La pregunta salta de forma obligada: ¿cómo la entidad que nació para defender los derechos de los consumidores en 1975 se ha convertido en una multinacional agresiva que actúa como juez y parte?
En España, una organización de defensa del consumidor puede tener una empresa para financiar sus actividades. Pero estas entidades tenían prohibido recibir dinero de empresas. La Ley General para la Defensa de los Consumidores quería evitar que las asociaciones fuesen contaminadas por los pagos de las compañías a las que, en teoría, las organizaciones deben vigilar y, en ocasiones, enfrentarse. Pero una reforma legal en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero permitió el cambio en un artículo que facilitó la metamorfosis mercantil.
La OCU está integrada por gran cantidad de consejeros que han desempeñado importantes cargos políticos. Su actual presidente, Miguel Ángel Feito, fue secretario de Estado durante el Gobierno de Felipe González. Pero cuenta con otros consejeros procedentes de otros partidos y con importantes conexiones en Bruselas.
Tras la reforma legal en España, la OCU puede hacer cualquier tipo de negocios y firmar convenios con empresas siempre y cuando sean registrados en el Ministerio de Consumo. Pero el grupo también ha encontrado la forma de esquivar el trámite. Algunos de sus acuerdos no son firmados en España por OCU, sino en Luxemburgo por la casa matriz, Euroconsumers. De esta forma, queda eximida de explicar cuánto dinero recibe de las grandes multinacionales y por qué motivo.
Con el peso que le otorga gestionar cuatro asociaciones europeas y una en Brasil (Proteste), la OCU se ha lanzado a demandar y a colaborar con grandes multinacionales. Tras firmar acuerdos con Facebook y Google, el entramado ha enfilado su artillería contra Nintendo y Netflix.
Pese al avance del negocio, la OCU intenta desligarse de sus conexiones con su empresa matriz y asegura que sigue siendo una entidad sin ánimo de lucro. Pero se niega a responder cualquier pregunta relacionada con su entramado empresarial.
Casi 50 años después de su fundación, la OCU está preocupada por la caída de la que ha sido tradicionalmente su principal fuente de ingresos: la cuota de los socios.
En solo un año, en 2020, la organización registró la pérdida de 22.000 suscriptores, según figura en sus cuentas. Y por ello ha exigido a su equipo de marketing reforzar la captación de nuevos socios, algo que intenta lograr con promociones y regalos: un reloj barato, una tablet china, un robot aspiradora de bajo coste.
La directriz se aplica en todos los países donde tienen asociaciones. En Portugal, un influencer, Carlos Correia, denunció que Deco Proteste, la organización hermana de la OCU en ese país, capta socios a través de llamadas no solicitadas, una práctica que ha sido denunciada por la propia organización en Portugal.
La caída de socios de la OCU se puede explicar en las valoraciones que esta organización tiene en Google o en Trustpilot, una web donde los usuarios reseñan productos o servicios. En Google, la OCU cuenta con una gran cantidad de valoraciones de una estrella sobre cinco, la peor posible. La mayoría se queja de que la organización no atiende las reclamaciones e intenta dar largas a los casos para seguir cobrando a los socios. / Más en El Confidencial
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