Diego Salazar es uno de los cerebros de una red de corrupción que desvió 2.000 millones de dólares de la principal empresa estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Primo hermano del exministro de Petróleo, presidente de PDVSA y embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, Salazar se enriqueció cobrando sobornos a empresas que luego obtenían contratos con la petrolera. Pero además de dinero, Diego Antonio Salazar Carreño tenía otra pasión: el arte.
Una pinacoteca de 18 millones de dólares
Salazar poseía en 2008 una selecta colección de 67 obras de arte de reconocidos pintores venezolanos, valorada en 18 millones de dólares, según un informe confidencial al que ha tenido acceso EL PAÍS. La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), el organismo del pequeño país pirenaico que investiga por blanqueo a Salazar, firma este documento fechado en noviembre de 2022.
Entre las joyas de su pinacoteca destacan 19 obras del maestro del realismo venezolano Arturo Michelena, considerado una de las figuras pictóricas más brillantes del siglo XIX en Latinoamérica. Michelena batió récords en 2004 en las subastas de Sotheby’s de Nueva York y es el preferido del empresario. Su obra El descendimiento, de 1897, está valorada en 935.000 dólares.
Otro referente de la plástica latinoamericana del siglo XX, Armando Reverón, también tiene un lugar destacado en la colección de Salazar. El empresario posee 11 piezas del pintor apodado El loco de Macuto por haber vivido aislado en una cabaña del litoral venezolano. La más cara es Las tres gracias, de 1945, tasada en 1,3 millones.
La lista continúa con otros nombres ilustres como Federico Brandt, Antonio Herrera Toro, Tito Salas, César Rengifo, Jesús Soto o Manuel Cabré. Todos ellos forman parte del botín pictórico que Salazar acumuló entre 2008 y 2009, cuando supuestamente lideraba la red de expolio junto a otros exjerarcas chavistas como los exviceministros de Energía Nervis Villalobos y Javier Alvarado.
Un saqueo millonario
La trama operó como una maquinaria integrada por exdirigentes chavistas y funcionarios de PDVSA. Mediante una treintena de sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales como Suiza o Belice, la red canalizó el caudal de fondos que fue a parar a Andorra, un país de 78.000 habitantes blindado hasta 2017 por el secreto bancario.
Los saqueadores camuflaron sus millonarias comisiones bajo el blindaje de unos trabajos de asesoría y consultoría que —según los investigadores— no existieron. A cambio, las empresas que pagaban los sobornos —esencialmente chinas— resultaban agraciadas con adjudicaciones de la energética.
Desde 2015, un juzgado de Andorra desenmaraña la maquinaria de saqueo. Una magistrada de este pequeño principado pirenaico procesó en 2018 a Salazar por blanqueo de capitales en establecimiento bancario. Junto a él, se encuentran también encausados en Andorra —donde la red ingresó 2.000 millones entre 2007 y 2012— el ejecutivo de la petrolera Francisco Jiménez Villarroel; el exabogado de la compañía Luis Carlos de León Pérez; el magnate venezolano de los seguros Omar Farías; el testaferro de Salazar, Luis Mariano Rodríguez Cabello; y el apoderado de Salazar, José Luis Zabala.
En paralelo, la justicia andorrana procesó también en 2018 a una decena de exdirectivos de la Banca Privada d’Andorra (BPA), la institución financiera elegida por la trama corrupta para ocultar su botín que fue intervenida en marzo de 2015 por actuar supuestamente como una lavadora de fondos de grupos criminales.
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