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La Corte del Distrito Sur de Nueva York fijó las fechas del juicio de un caso que ha escandalizado a los venezolanos. En marzo de 2017, PDVSA, aún bajo el control total del Gobierno de Nicolás Maduro, contrató a la consultora del excongresista, David Rivera (Interamerican Consulting Inc) para mejorar la posición de la empresa en Estados Unidos. En 2020, una unidad de PDVSA bajo el control de la oposición, PDV USA, demandó a la firma, afirmando que recibió $15 millones de PDVSA pero no prestó servicios significativos. El demandado ha dicho que parte de los fondos los entregó al líder del partido Voluntad Popular. En medio del pleito legal, aparece como protagonista un corrupto que es buscado por los Estados Unidos por diversas causas criminales.
El objeto de la disputa es un supuesto contrato de asesoría cuyo precio era de USD 50 millones que comprometía a Interamerican Consulting Inc. a “desarrollar un plan estratégico para crear una identidad separada y distinta y desvincularse de su matriz final, Petróleos de Venezuela, SA”. De esa suma fueron cancelados USD 15 millones cuyo reembolso ahora reclama PDV USA, dado que la demandada no habría cumplido con lo pautado. Posteriormente, la acusada contra demandó y reclamó de PDV USA Inc. el pago del resto de la suma contratada inicialmente, es decir, USD 35 millones, informó Maibort Petit en Venezuela Política.
En el centro de la demanda aparecen involucrados, Raúl Gorrín, un sujeto que se ha enriquecido a la sombra del Gobierno de Maduro y sus aliados, y que actualmente se encuentra el prófugo de la justicia y otros individuos entre quienes se menciona al líder opositor Leopoldo López, a su esposa Lilian Tintori y a otras personales que supuestamente sirvieron de intermediarias para la entrega y recibimiento de los fondos pagados por CITGO a la consultora de David Rivera.
Calendario sin prórroga
El juez del Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York, Robert W. Lehrburger, a cargo del proceso judicial en el que PDV USA Inc. demanda contra Interamerican Consulting Inc., aprobó la nueva propuesta de cronograma presentada por las partes en disputa.
De este modo, se fijó para el 19 de agosto de 2022, la fecha límite para completar el descubrimiento de hechos, incluidas las declaraciones de los testigos de hecho que, anteriormente estuvo pautada para el 23 de junio de 2022, fecha en la que, por cierto, se adoptó la decisión.
La misma fecha, 19 de agosto de 2022, también será el tope para modificar alegatos y/o incorporar partes adicionales. Como la anterior, esta diligencia tenía fecha límite de 23 de junio de 2022.
Para el 2 de septiembre se fijó el plazo para servir informes periciales de apertura, un evento que anteriormente tenía fecha de 14 de julio de 2022.
Será ahora el 16 de septiembre de 2022, el plazo para la entrega de informes periciales de refutación que antes tenía límite para el 4 de agosto de 2022.
El 23 de septiembre de 2022 será ahora la fecha límite para completar declaraciones de expertos, un evento que antes debía realizarse antes del 18 de agosto de 2022.
Para el 30 de septiembre de 2022 se estipuló el plazo para presentar las cartas previas a la moción para las mociones dispositivas, si las hubiere. Anteriormente, esta diligencia debía realizarse con tope de 25 de agosto de 2022.
El 7 de octubre de 2022, será ahora la fecha límite para las respuestas a las cartas previas a la moción para las mociones dispositivas, un evento que antes debía realizarse hasta el 1 de septiembre de 2022. / Más en Venezuela Política
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